VISTO:
El veto del Presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y la presentación del proyecto de Ley correspondiente al Presupuesto Nacional 2025, y en particular la expresión en el artículo 27 referente a suspender el 6 % de la Ley de Educación Nacional y el financiamiento a las escuelas técnicas y agrarias, a la formación profesional y a los Institutos Superiores Técnicos, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.757) presentada por el bloque de diputados de la UCR, aprobada por el Senado el pasado 12 de septiembre, buscaba recomponer el presupuesto de las Universidades Nacionales, las cuales habían sufrido una perdida presupuestaria de más del 300% debido a la inflación del 2023 del 211% sumada a la del primer cuatrimestre del 2024.
Que, posteriormente a la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Nación, el presidente Milei vetó la misma, siendo avalado el pasado 9 de octubre, por la Cámara de Diputados de la Nación.
Que, hoy el sistema universitario público tiene el 95% de los salarios docentes y no docentes por debajo de la línea de la pobreza.
Que, las partidas asignadas ni siquiera son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura y están paralizadas las obras.
Que, se encuentra en peligro la continuidad de las becas universitarias, único instrumento para construir igualdad de oportunidades.
Que, no se invierte en investigación, ciencia y tecnología, pilares fundamentales para el desarrollo de un país soberano.
Que, el proyecto de Presupuesto Nacional 2025 presentado por Javier Milei significa una pérdida del valor real del 50% para los programas educativos con respecto a lo destinado en el año 2023.
Que, la degradación del Ministerio de Educación a Secretaría llevada a cabo por el gobierno actual, se vió reflejada desde el primer momento en un brutal ajuste y desfinanciamiento de la educación pública.
Que, el ajuste a la educación se profundiza con la presentación del proyecto de ley correspondiente al Presupuesto Nacional 2025 que pretende dejar sin efecto el cumplimiento del artículo 9º de la Ley de Educación Nacional (26.206), de los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (27.614) y del artículo 52° de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058).
Que, esto significa que el Estado ya no quedaría obligado a proporcionar los recursos destinados a educación en valores no menores al 6 % del PBI, ni a incrementar progresivamente el financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta alcanzar en el año 2032, como mínimo, una participación del uno por ciento del PBI.
Que, la medida dispuesta también afecta al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que significa el 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.
Que, se observa un ajuste en todos los ítems correspondientes a la inversión en la educación pública, particularmente el Plan Conectar Igualdad, el fortalecimiento territorial y el Mejoramiento de la calidad educativa que directamente desaparecen del presupuesto nacional 2025.
Que, también se ven seriamente afectadas las Acciones de Formación Docente (-63%), la construcción de Jardines de Infantes (-59%), las Becas estudiantiles (-64%), la Infraestructura y el equipamiento (-69%), entre otras, bajando abruptamente su financiamiento para el año 2025.
Que, para garantizar el derecho a la educación en nuestro país se necesita más financiamiento del Estado Nacional y de los Estados provinciales, ya que esto significa construir más escuelas, crear cargos docentes faltantes, distribuir más becas estudiantiles, mejorar los salarios docentes, contar con formación docente gratuita y en ejercicio, garantizar el correcto funcionamiento de los comedores escolares, entre otras cuestiones, entendiendo que el financiamiento a la educación del país es una inversión y no un gasto.
Que, el Proyecto de Presupuesto Nacional 2025 presentado por Javier Milei, representa un nuevo ataque a la educación pública, no podemos hablar de calidad o fomentar la innovación en la enseñanza con políticas que desfinancian a la educación,
Que, el Estado Nacional debe ser el garante de una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la siguiente:
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Deliberante de General Paz manifiesta su más enérgico repudio contra el veto del Presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
ARTÍCULO 2º: El Honorable Concejo Deliberante de General Paz manifiesta su más enérgico repudio a Legisladores y Legisladoras Nacionales que acompañaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
ARTÍCULO 3º: El Honorable Concejo Deliberante de General Paz manifiesta el más absoluto rechazo al artículo 27 del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025 referente a suspender el 6 % de la Ley de Educación Nacional y el financiamiento a las escuelas técnicas y agrarias, a la formación profesional y a los institutos superiores técnicos.
ARTÍCULO 4º: Regístrese, Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y Archívese.
Dada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Paz, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a los 14 días del mes de octubre del año 2024.-
